Parado ante un momento en el que se juega la continuidad de su gobierno, el presidente de Perú, Pedro Castillo, hizo lo que mejor sabe hacer: una repartija de poder para salvar el pellejo. Castillo ha escapado a la responsabilidad de darle rumbo a su gestión al tomarle juramento a un Gabinete de Ministros seleccionado con base en las pequeñas alianzas que le brinden los votos necesarios para evitar ser destituido por la oposición. No tiene planes para cada sector y la mediocridad promedio del equipo de gobierno es la primera consecuencia de todo ello.
A seis meses de gestión, Castillo se encuentra acechado por continuos escándalos debido a malas decisiones, denuncias de corrupción, nombramiento de funcionarios incompetentes o inmorales, y una oposición visceral. El último episodio del drama peruano fue el nombramiento, una semana atrás, de un primer ministro, Héctor Valer, acusado de agredir a su hija y a su fallecida esposa. El presidente anunció una recomposición del Gabinete de Ministros, pero, tras cuatro días de espera y reuniones con más de 40 personas, la solución brindada es decepcionante.
El debate central ahora es cómo salir de la profunda crisis política: vacar al presidente, renuncia voluntaria, se van todos o gobernabilidad precaria. Los partidos políticos y las élites han planteado soluciones que, hasta ahora, muestran una mirada cortoplacista, como si el único origen de nuestros problemas fuera la precariedad del presidente o el “golpismo” de la oposición. Sin una agenda que priorice las reformas que eviten que se repita una elección como la de 2021, cualquier decisión solo hará que la crisis continúe siendo nuestra normalidad.
No existe una salida rápida. En estas circunstancias, forzar la salida del presidente, como ansiosamente quiere la oposición y parte de la prensa, solo puede conducir a un proceso atropellado de disputa encarnizada por el poder, con discursos populistas y refundacionales, muy fragmentada, como la que vimos el año pasado. Una nueva elección ahora no nos garantiza mejores resultados, pues los partidos no son representativos, y la voluntad para forjar alianzas de ancha base dependerá de los protagonistas en plena competencia. La prioridad debería ser retomar el debate sobre el fortalecimiento institucional de los partidos políticos, para reducir la desafección y el amateurismo. Este es un paso anterior a todas las alternativas que se debaten para acabar con la crisis.
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